Las Pensiones a la vejez y por invalidez no son un acto de gracia del poder de turno y mucho menos pueden ser la variable de un ajuste fiscal tendiente a reducir gastos para que las cuentas “cierren”. El Estado tiene otras alternativas para reducir ese déficit como por ejemplo cobrar regalías a las mineras, no subsidiar el gasto eléctrico de las grandes empresas del país, aumentar la presión fiscal sobre los grandes evasores, reducir el atroz gasto en publicidad oficial, etc. Las Pensiones son un Derecho en un Estado de Derecho y el gobierno que violenta los derechos de los más débiles, violenta los fundamentos mismos del Estado de derecho. Las pensiones son, en la mayoría de los casos, el único medio para que las personas con discapacidad atiendan sus necesidades más elementales: alimentarse, calentarse, viajar, curarse; no son un número en una planilla Excel que eliminar hasta que la cuente de 0. Las personas no son, no pueden ser, la variable de ajuste de un Estado que no es una empresa. El Gobierno Nacional debe retrotraer la medida y reparar el daño que la aplicación compulsiva de esta medida haya generado o puede generar. Las personas que hayan sido afectadas por esta medida tienen el Derecho a la acción de amparo urgente.
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